Marco legal
Insolvencia en Colombia
El marco legal de los procesos de insolvencia en Colombia se encuentra regulado principalmente por la Ley 1116 de 2006, conocida como la Ley de Insolvencia. Esta ley establece los procedimientos y mecanismos para la intervención y reorganización de personas jurídicas deudoras en situación de insolvencia, con el fin de preservar y mejorar su capacidad productiva y de empleo, y en general, el pago oportuno de sus obligaciones.
Los aspectos clave de la Ley de Insolvencia en Colombia incluyen:
Ámbito de aplicación: La Ley 1116 de 2006 se aplica a todas las personas jurídicas domiciliadas en Colombia, con excepción de las entidades financieras y aseguradoras, las cuales están sujetas a un régimen especial de insolvencia.
Procedimientos de insolvencia: La ley establece dos principales procedimientos de insolvencia: la reorganización empresarial y la liquidación judicial.
Reorganización empresarial: Este proceso busca preservar empresas viables mediante la negociación y aprobación de un acuerdo de reorganización entre la empresa deudora y sus acreedores. La Superintendencia de Sociedades es la entidad encargada de supervisar este proceso.
Liquidación judicial: Cuando no es posible alcanzar un acuerdo de reorganización o cuando la empresa no es viable, se procede a la liquidación judicial. En este caso, se nombra un liquidador que se encarga de administrar y vender los bienes de la empresa para pagar a los acreedores.
Régimen de prioridades: La ley establece un orden de prelación para el pago de acreedores en los procesos de insolvencia. En primer lugar, se encuentran los créditos laborales y pensionales, seguidos por los créditos fiscales y, por último, los créditos ordinarios y subordinados.
Suspensión de acciones: Durante el proceso de insolvencia, se suspenden todas las acciones legales y ejecutivas en contra de la empresa deudora, con el objetivo de facilitar la negociación del acuerdo de reorganización o la liquidación de los bienes.
Participación de los acreedores: Los acreedores tienen un papel activo en el proceso de insolvencia, ya que deben participar en la negociación del acuerdo de reorganización y en la supervisión del cumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa deudora.
Cabe mencionar que, además de la Ley 1116 de 2006, existen otras normativas que pueden ser relevantes en casos específicos, como la Ley 550 de 1999 (Ley de Intervención Económica) o el Decreto 560 de 2020 (Régimen de Insolvencia Empresarial Abreviado, creado en respuesta a la pandemia de COVID-19).
